Así lo resolvió el Tribunal de Casación Penal, al entender que la Jueza de Garantías N°5 de La Plata se había apartado del principio acusatorio y de su rol de juzgadora imparcial.
La condena impuesta al empresario es a doce años de prisión.
La normativa trae una elevación de penas para delitos financieros y económicos, amplía funciones de la Unidad de Información Financiera y establece nuevas regulaciones para las empresas que operan criptoactivos en la República Argentina, entre otras novedades.